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Se consolida dictadura constitucional a favor de las Empresas Transnacionales

SE CONSOLIDA DICTADURA CONSTITUCIONAL A FAVOR DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES.

Con la Sentencia de la Corte Constitucional 342 de 2019 se consolida la dictadura constitucional al negar cualquier mecanismo de participación ciudadana Consultas Populares, Acuerdos Municipales, POT y EOT, para decidir sobre la prohibición de las actividades minero energéticas para proteger el Patrimonio Ecológico, cultural y la vocación agrícola de los municipios.

Las Consultas Populares y Acuerdos Municipales, han sido expresión de las voces de las comunidades en Defensa de la Vida.
En el caso de las Consultas se superó el 98% de los votos, como prueba contundente que demuestra que la Vida está por encima de los negocios que despojan, destruyen los ecosistemas y el Patrimonio Cultural.

La decisión de la Corte está al servicio de las transnacionales minero energéticas que son estimuladas legalmente para que continuen invadiendo nuestros territorios a través de una legislación para el despojo, es decir, mediante la violencia institucional.

De esta manera el Estado utilizará «batallones energéticos», las fuerzas militares y policiales, incluso, paramilitares para que protejan a las empresas, repriman a las comunidades, se incrementen los asesinatos de lideres sociales defensores de la Vida y los Territorios.

La Corte consolida la visión de la naturaleza como activo estratégico (mercancía) como quedó aprobado en el Plan de Desarrollo de Duque, contra la concepción que la reconoce como Bien Común y Sujeto de Derechos.

Frente a la Dictadura Constitucional sólo queda como alternativa la movilización social en Defensa de la Vida, el Agua, impidiendo el ingreso de las empresas mineras y petroleras destructoras de la biodiversidad y de los proyectos de Vida de las comunidades.

En donde existan condiciones hay que realizar Consultas Populares Autónomas organizadas por la ciudadanía.

Debido a que el Congreso aún no ha regulado los principios de coordinación y concurrencia no permitir ningún proceso de «concertación» con el Estado Central ni las empresas asumiendo la moratoria.

Exigir al Congreso que la Ley de coordinación y concurrencia no se aplicarán cuando se trate de proteger el Patrimonio Ecológico y cultural de los municipios. En este caso la competencia corresponde a los entes territoriales de manera autónoma.

En todo caso, la decisión corresponde a los entes territoriales quienes deben decidir sus planes y proyectos de vida de manera autónoma porque las personas y comunidades tienen el derecho a vivir y permanecer en sus territorios de manera digna.

Miller Dussán C

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